La Corte Suprema escuchará los argumentos la próxima semana en Louisiana v. Callais, un caso que podría sentar las bases para una amplia reforma de la Ley de Derechos de Voto. La cuestión central es si la Sección 2 de la histórica ley de 1965 todavía protege a los votantes de la discriminación racial —o si ahora obliga a los estados a manipular racialmente los distritos congresionales.
El caso surge del Sexto Distrito Congresional de Luisiana, trazado en 2022 para crear dos distritos de mayoría negra de un total de seis, reflejando así el 30 por ciento de población negra del estado. Un grupo de “votantes no afroamericanos” impugnó el mapa, calificándolo de manipulación racial inconstitucional. Un tribunal federal ordenó al estado crear otro distrito de mayoría negra, mientras que otro condenó el plan por clasificar a los votantes según su raza, dejando a las autoridades atrapadas en una contradicción legal.
Los críticos sostienen que la Sección 2 se ha transformado “de un escudo contra la discriminación racial en una espada que obliga a la manipulación racial de distritos”. Después de que el Congreso modificara la ley en 1982, los tribunales comenzaron a aplicar una “prueba de resultados”, que exige que los distritos reflejen las proporciones raciales de la población incluso sin pruebas de discriminación.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, señaló en Shelby County v. Holder que “las cosas han cambiado drásticamente en el Sur”. De hecho, el registro y la participación de votantes minoritarios ahora igualan —o superan— a los de los votantes blancos en la mayor parte del país.
Los partidarios del caso Callais afirman que la Corte tiene la oportunidad de reafirmar los principios constitucionales de igualdad racial establecidos en Students for Fair Admissions, la decisión que puso fin a las admisiones universitarias basadas en la raza.
