La administración Trump logró esta semana una importante victoria diplomática cuando el embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, alcanzó un acuerdo con el secretario general de la ONU, António Guterres, para aplicar amplios recortes en las misiones de mantenimiento de la paz y controlar el gasto excesivo financiado en gran parte por los contribuyentes estadounidenses.
Según el acuerdo, las Naciones Unidas reducirán su fuerza global de mantenimiento de la paz en aproximadamente un 25 % y recortarán su presupuesto de 6.700 millones de dólares en un 15 %. Estados Unidos aporta casi una cuarta parte de ese presupuesto, lo que lo convierte en el mayor financiador individual de las operaciones de la ONU.
La reforma sigue a la decisión de la administración Trump de retener la mitad de la contribución anual de 3.000 millones de dólares de Estados Unidos hasta que la organización abordara años de despilfarro financiero y promesas incumplidas de reforma. Un funcionario de la ONU confirmó que Waltz está “exigiendo reformas primero y de manera inmediata en la ONU” antes de liberar fondos adicionales.
Los críticos han sostenido durante mucho tiempo que las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU son “ineficaces y problemáticas”, citando fracasos en zonas de conflicto y repetidos escándalos de abusos cometidos por los cascos azules. El propio Guterres reconoció que las fuerzas podrían ser “más eficaces y económicas”, admitiendo que “la forma en que [la organización] hace las cosas necesita cambiar”.
Un diplomático occidental calificó la medida como una muestra del compromiso de Trump con la reestructuración de las instituciones globales. “Está claro que la administración Trump está comprometida con reformar las Naciones Unidas, comenzando con los recortes más importantes a las misiones de mantenimiento de la paz en décadas”, dijo el diplomático.
Los recortes en las operaciones de paz de la ONU forman parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para exigir rendición de cuentas a las organizaciones internacionales que dependen de la financiación estadounidense —y para garantizar que los dólares de los contribuyentes sirvan primero a los intereses de Estados Unidos.