El presidente Trump presentó una apelación en el caso del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, en su contra, exigiendo que sea desestimado. Trump se declaró inocente de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en abril de 2023.
“Esta es la acusación más políticamente cargada en la historia de nuestra nación”, declara el escrito. “Después de años de investigación infructuosa sobre acusaciones infundadas de hace una década —y bajo una inmensa presión política para acusar penalmente al presidente Donald J. Trump de algo— el fiscal de distrito de Nueva York (DANY) fabricó cargos por delitos graves contra un expresidente y ahora presidente en funciones de los Estados Unidos.”
“Apuntando a una conducta que nunca se ha considerado violatoria de ninguna ley de Nueva York, el fiscal ideó un supuesto delito grave apilando delitos menores prescritos bajo una teoría legal enrevesada, que luego ocultó indebidamente hasta la conferencia de acusación,” señala el documento. “Este caso nunca debió haber llegado a un tribunal, y mucho menos haber resultado en una condena.”
El escrito continúa afirmando que “las pruebas eran claramente insuficientes para condenar.”
“Además de todos estos errores abrumadores, el juicio fue llevado a cabo por un juez que se negó a recusarse a pesar de haber hecho contribuciones políticas a los oponentes electorales del presidente Trump y a pesar de tener conflictos familiares descalificantes,” dice el documento. “Por cada una de estas razones independientes, la condena del presidente Trump debe ser anulada.”
El año pasado, Bragg pidió al juez Juan Merchan que pospusiera la sentencia en el caso de los registros comerciales del presidente electo Donald Trump. “El pueblo respeta profundamente la Oficina del Presidente, es consciente de las exigencias y obligaciones de la presidencia y reconoce que la investidura del acusado planteará cuestiones legales sin precedentes,” escribieron los fiscales. “También respetamos profundamente el papel fundamental del jurado en nuestro sistema constitucional.”
“Dada la necesidad de equilibrar intereses constitucionales en competencia, debe considerarse la posibilidad de diversas opciones no relacionadas con la desestimación que puedan abordar las preocupaciones planteadas por la existencia de un procedimiento penal posterior al juicio durante la presidencia, como el aplazamiento de todos los procedimientos penales restantes hasta después del final del próximo mandato presidencial del acusado,” añadió Bragg.
