El senador Ted Cruz ha presentado la ley Stop FUNDERs Act, que otorga a los fiscales federales la autoridad para utilizar las leyes RICO—anteriormente reservadas para combatir a la mafia—contra individuos y ONG que financian disturbios y protestas violentas de izquierda. La medida, copatrocinada por los senadores John Cornyn, Tommy Tuberville y otros, representa un cambio decisivo hacia la rendición de cuentas para quienes financian el caos extremista.
Cruz subrayó que los estadounidenses tienen derecho a protestar pacíficamente, “pero no a cometer actos violentos.” Argumentó que el dinero detrás de las escenas, proveniente de ONG nacionales o adversarios extranjeros, alimenta disturbios cargados de racismo, antisemitismo y odio contra ICE, con el objetivo de “socavar la seguridad y la prosperidad de los estadounidenses.” La legislación tipificaría los disturbios como delito base bajo RICO, permitiendo cargos por conspiración federal, decomiso de bienes y penas más severas para los infractores.
En una entrevista con Sean Hannity, Cruz explicó: “Lo vimos hace cinco años con los disturbios de Black Lives Matter y Antifa por todo el país, mientras quemaban ciudades estadounidenses. Lo vimos después del siete de octubre con los disturbios antisemitas y las protestas violentas en campus universitarios en todo el país.
“Esto no es espontáneo. Hay un hilo conductor que une todo esto. Son los radicales. Son los marxistas. Son los yihadistas. Son los mismos que están financiando a Mamdani. Son los mismos que financian los extremos, y por eso presenté la legislación llamada Stop FUNDERs Act.”
El senador Cornyn respaldó la postura de Cruz, advirtiendo que los financiadores de izquierda radical responsables de “actos violentos” contra las fuerzas del orden deben rendir cuentas. Por su parte, el senador Tuberville relacionó los disturbios con reacciones contra las políticas fronterizas de la administración Trump, afirmando que no se puede permitir que continúen sin oposición. Los senadores Hagerty y Tillis destacaron la amenaza que estas acciones representan para la seguridad pública y el estado de derecho.
Una medida complementaria en la Cámara de Representantes, presentada por la congresista Beth Van Duyne, busca tratar las protestas violentas y a sus financiadores “como empresas criminales.” Esta legislación cuenta con el apoyo de grupos como Heritage Action y el Comité Nacional por el Derecho al Trabajo.
La Stop FUNDERs Act propone enmendar el 18 U.S.C. § 1961(1), permitiendo al Departamento de Justicia utilizar todo el alcance de RICO, incluyendo responsabilidad conjunta, confiscación de activos y penas aumentadas contra quienes orquestan y financian disturbios violentos a nivel interestatal.
En una era marcada por disturbios en campus, incidentes antisemitas y agresiones contra ICE, el proyecto de ley busca “seguir el rastro del dinero” y desmantelar la organización detrás del caos.
La propuesta ahora pasa a revisión en comité. Su avance será una señal de si Washington está dispuesto a responsabilizar a los financiadores de turbas radicales, o si la recaudación de fondos y la influencia de las ONG seguirán sin control.
