La administración Trump ha confirmado públicamente que 49 inmigrantes ilegales, muchos con antecedentes criminales graves, recibieron beneficios de Medicaid en violación directa de la ley federal.
La revelación llega en medio de un tenso enfrentamiento político en Washington, mientras los demócratas continúan presionando para restablecer el acceso ampliado a la atención médica para los migrantes indocumentados, uno de los principales puntos de conflicto que prolongan el cierre del gobierno.
Según la Casa Blanca, cada uno de los 49 individuos ya ha sido deportado. El grupo incluye personas arrestadas y acusadas de delitos violentos, como asesinato, violación, abuso sexual de menores y robo a mano armada. Aunque la ley federal prohíbe que los inmigrantes ilegales reciban Medicaid, la administración reveló que algunos estados han encontrado maneras de usar fondos federales para extender servicios similares a Medicaid a los no ciudadanos mediante programas estatales.
La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, declaró a Fox News: “Los demócratas cerraron el gobierno y están causando sufrimiento a los estadounidenses trabajadores porque quieren ofrecer atención médica gratuita a los extranjeros ilegales… Debido a los controles federales anteriormente laxos y a las políticas estatales demócratas, asesinos y violadores ilegales criminales recibieron Medicaid a expensas de los contribuyentes estadounidenses.”
Los funcionarios de la Casa Blanca enfatizaron que las personas deportadas no solo estaban en el país ilegalmente, sino que representaban una amenaza directa para la seguridad pública. Jackson agregó: “La Ley de Reducción de Impuestos para Familias Trabajadoras del presidente Trump garantiza que los dólares de los contribuyentes se enfoquen en los ciudadanos estadounidenses y no subsidien la atención médica para extranjeros ilegales, pero los demócratas están desesperados por deshacer estas reformas importantes y están dispuestos a hacer sufrir al pueblo estadounidense por ello.”
La publicación de esta información parece tener como objetivo presionar a los senadores demócratas, que actualmente intentan incluir disposiciones en un proyecto de ley de financiamiento gubernamental que revertiría las restricciones al acceso de los inmigrantes indocumentados a la atención médica. Dicho proyecto, de aprobarse, financiaría al gobierno hasta el 21 de noviembre y podría ampliar la elegibilidad de los no ciudadanos para acceder a servicios de salud financiados por los contribuyentes.
Los demócratas que defienden el cambio de política afirman que refleja un enfoque más humano hacia el acceso a la atención médica, especialmente en casos de emergencia. Sin embargo, la creciente reacción destaca una división fundamental: si Estados Unidos debe priorizar a los ciudadanos en la asignación de beneficios federales o ampliar la red de seguridad sin importar el estatus legal.
Los legisladores demócratas están perdiendo terreno a medida que la Casa Blanca demuestra su doble lealtad al priorizar el financiamiento de la atención médica para inmigrantes ilegales por encima de la reapertura del gobierno federal.
