El proyecto de ley emblemático de la administración Trump, “One Big Beautiful Bill”, firmado la semana pasada, incluye una disposición que suspende por un año los reembolsos federales de Medicaid a Planned Parenthood. Esta medida llevó a la organización a demandar al gobierno federal el 7 de julio en una corte de Boston, argumentando que la acción es inconstitucional y pondrá en riesgo el acceso a la atención médica para más de un millón de pacientes de bajos ingresos.
Según la demanda de Planned Parenthood, la cláusula de eliminación de fondos representa un ataque directo contra sus casi 600 centros de salud. Los líderes de la organización advierten que la disposición podría tener “consecuencias catastróficas”, forzando el cierre de hasta 200 clínicas y privando a más de un millón de mujeres de atención médica esencial.
El desafío legal surge en el contexto de un impulso más amplio por parte de las políticas conservadoras. En enero de 2025, la administración Trump ya había emitido una orden ejecutiva para aplicar la Enmienda Hyde, que prohíbe el uso de fondos federales para abortos electivos. El Congreso y varios grupos de defensa conservadores respaldaron la maniobra de recorte a Medicaid bajo la convicción de que los fondos públicos no deben subsidiar a proveedores de abortos, incluso si ofrecen otros servicios. Líderes provida celebraron la medida como una victoria largamente esperada.
Al mismo tiempo, tribunales federales y la Corte Suprema están reconsiderando la elegibilidad de Planned Parenthood para recibir fondos de Medicaid en estados como Carolina del Sur. Una decisión de la Corte Suprema en junio (Medina v. Planned Parenthood South Atlantic) dictaminó que los beneficiarios de Medicaid no tienen derecho privado a demandar por la elección de proveedores, representando otro golpe potencial al financiamiento de estas clínicas.
Este caso pondrá a prueba el punto de encuentro entre la ley constitucional, la política pública y la convicción moral. Para los conservadores que creen en un gobierno limitado y en la defensa de la vida desde la concepción, el reto es asegurar que los esfuerzos para terminar con el apoyo financiero a proveedores de abortos se mantengan firmes, al tiempo que se fomenta la expansión de alternativas que afirman la vida y servicios de salud comunitarios.
