El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) publicó una nueva estadística que muestra que el 70 % de sus arrestos involucran a extranjeros ilegales con antecedentes criminales, mientras los agentes llevaron a cabo una operación nacional durante el fin de semana de Halloween. La operación contra extranjeros ilegales criminales tuvo como objetivo a delincuentes violentos, incluidos individuos condenados por explotación infantil, secuestro, homicidio y delitos graves de narcotráfico.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, los oficiales de ICE arrestaron a docenas de delincuentes peligrosos en varios estados. Entre ellos se encontraba Sisawang Khambounheuang, de Laos, condenado por mantener relaciones sexuales ilícitas con una menor en San Diego, y Milton Rene Mendez-Arevalo, de Guatemala, condenado por secuestro en Los Ángeles. Solo en Houston, los agentes de ICE arrestaron a más de 120 inmigrantes ilegales, incluidos Héctor Eugenio Ramírez-Martínez, condenado por indecencia con un menor, y Francisco Nava-García, condenado por agresión a un miembro de la familia.
ICE también detuvo a delincuentes en otros estados, incluido Kunal Chhetri, de India, condenado por contrabando de inmigrantes en Texas; Lázaro Mateo Ruiz, de Cuba, condenado por homicidio y robo en el condado de Miami-Dade; y Juan Gómez-Gutiérrez, de Colombia, condenado por tráfico de cocaína en Tampa.
La secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, elogió los esfuerzos de la agencia, destacando que “el presidente Trump y la secretaria Noem liberaron a ICE para eliminar a lo peor de lo peor de los extranjeros ilegales criminales de las comunidades estadounidenses”. Añadió: “A pesar del cierre del gobierno demócrata, ICE continúa arrestando a extranjeros ilegales criminales en todo el país. Mientras los estadounidenses disfrutaban de sus fines de semana, ICE trabajaba arduamente para sacar de nuestras calles a lo peor de lo peor, incluidos pedófilos, asesinos y secuestradores”.
La ofensiva contra los extranjeros ilegales criminales refleja el impulso continuo de la administración para priorizar la expulsión de delincuentes violentos, incluso cuando las jurisdicciones santuario se resisten a cooperar con el gobierno federal.
