Un grupo respaldado por George Soros está usando los tribunales para bloquear los esfuerzos del presidente Donald Trump de deportar a inmigrantes ilegales violentos a Sudán del Sur. Human Rights First, que ha recibido millones de dólares de las Open Society Foundations de George y Alexander Soros, lidera una demanda que ha atado las manos de la administración Trump para remover a criminales ilegales del país.
En marzo, Human Rights First se unió a otras dos organizaciones para demandar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La demanda argumenta que una directiva del DHS, que permite deportar a inmigrantes ilegales a países que no sean su lugar de origen, es ilegal. Respaldada por la red de Soros—que inyectó 6,2 millones de dólares a Human Rights First entre 2016 y 2021—esta acción legal forma parte de una agenda más amplia para socavar la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos. Solo en 2021, Human Rights First recibió más de 2,3 millones de dólares de las Open Society Foundations.
En abril, el juez federal Brian Murphy, designado por Biden, emitió una orden judicial preliminar que bloquea al DHS de deportar inmigrantes ilegales a terceros países sin proporcionar lo que él llama un “aviso adecuado.” La administración Trump ya había deportado a ocho inmigrantes ilegales violentos a Sudán del Sur, todos con órdenes finales de deportación y extensos historiales criminales, incluyendo cargos de asesinato, violación, crímenes sexuales contra menores y robo.
Murphy dictaminó que el DHS violó su orden al proceder con las deportaciones y ordenó a la administración que les realice a los criminales “entrevistas de miedo creíble.” Críticos sostienen que estas decisiones no solo retrasan la justicia, sino que mantienen a criminales peligrosos dentro de comunidades estadounidenses.
La implicación de la red Soros en estos casos destaca un esfuerzo organizado para usar los tribunales como arma contra la aplicación efectiva de las leyes migratorias. Human Rights First también ha demandado para preservar el programa de permisos humanitarios de Joe Biden para migrantes, debilitando aún más la ley de inmigración de EE.UU.
El caso subraya cómo los grupos activistas de izquierda, fuertemente financiados por Soros, continúan usando los tribunales para obstruir la aplicación de la ley de inmigración y proteger a criminales peligrosos de la deportación. Mientras el presidente Trump ha dado prioridad a la seguridad fronteriza y a la eliminación de delincuentes violentos, las maniobras legales de organizaciones apoyadas por Soros socavan estos esfuerzos y ponen en peligro la seguridad pública. Críticos advierten que la influencia persistente de las ONG financiadas por Soros en la política migratoria de EE.UU. representa una seria amenaza a la soberanía nacional, el estado de derecho y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.
