Un jurado de California ordenó a Google pagar $314.6 millones tras determinar que la gigante tecnológica recolectó en secreto datos celulares de usuarios de Android sin su consentimiento. El fallo pone fin a una batalla legal de varios años que acusaba a Google de aprovechar dispositivos inactivos para transmitir información con fines publicitarios y de mapeo.
La demanda colectiva, presentada en 2019 en un tribunal federal de San José, abarcó aproximadamente 14 millones de usuarios de Android en California. El jurado determinó que Google transfirió datos de usuarios incluso cuando los teléfonos no estaban en uso, violando así las leyes de privacidad del estado. Los demandantes argumentaron que estas transmisiones no cumplían ninguna función directa para el usuario y estaban diseñadas exclusivamente para fortalecer los productos comerciales de Google.
Google negó haber actuado mal y anunció que apelará el veredicto. Representantes de la empresa afirmaron que los usuarios habían aceptado la recolección de datos a través de los términos de servicio. También sostuvieron que estas transferencias respaldaban funciones necesarias del teléfono, actualizaciones de seguridad y optimización del rendimiento.
El jurado rechazó esa defensa. Concluyó que la empresa no obtuvo un consentimiento claro y afirmativo de los usuarios para recolectar y utilizar este tipo específico de datos celulares. Documentos judiciales indican que la información continuaba fluyendo incluso cuando las aplicaciones estaban cerradas y los servicios de ubicación desactivados.
La sanción de $314.6 millones podría ser solo el comienzo. Una demanda colectiva a nivel nacional que involucra a usuarios de Android en los otros 49 estados está programada para ir a juicio en abril de 2026. Ese caso busca una compensación por prácticas similares de recolección de datos, y expertos legales creen que podría implicar una responsabilidad financiera aún mayor para la empresa tecnológica.
Este veredicto aumenta el escrutinio sobre las prácticas de datos de las grandes tecnológicas, especialmente mientras legisladores y reguladores en todo el país presionan por protecciones más fuertes para los consumidores. Google, ya bajo múltiples investigaciones antimonopolio, enfrenta una creciente presión legal y pública por su manejo de la información de los usuarios.
