Ha surgido un encubrimiento importante del gobierno británico tras revelarse que casi 24,000 afganos fueron traídos discretamente al Reino Unido bajo un programa de reasentamiento secreto financiado con un presupuesto de £7 mil millones.
Una súper orden judicial impuesta por el gobierno desde septiembre de 2023 hasta julio de 2025 prohibió a los medios y al Parlamento divulgar la operación. El plan encubierto se inició luego de que una filtración de datos del Ministerio de Defensa (MoD) expusiera a hasta 100,000 afganos que habían trabajado con las fuerzas británicas, lo que generó temores de represalias por parte de los talibanes.
A principios de 2022, un funcionario militar británico envió por error una hoja de cálculo con información personal sensible—que incluía hasta 33,000 personas—a destinatarios en Afganistán. Esta filtración incluía nombres, correos electrónicos, números telefónicos y datos familiares, lo cual pudo haber puesto en peligro a decenas de miles. La filtración solo salió a la luz en 2023, cuando partes de la información se publicaron en línea.
Ante el riesgo de represalias talibanes, el gobierno conservador, posteriormente junto con la administración laborista, financió la Operación Rubific. Durante dos años, aproximadamente 18,500 afganos fueron reubicados bajo este esquema secreto—24,000 si se incluyen los que aún están por llegar—y fueron alojados en bases militares y hoteles privados.
La súper orden judicial del Tribunal Superior, la primera emitida por el gobierno y la más larga de su tipo, criminalizó cualquier mención de la operación o su existencia. Los parlamentarios, los medios y el público se mantuvieron en la oscuridad hasta que la orden expiró en julio de 2025.
El secretario de Defensa, John Healey, se disculpó públicamente y cerró la ruta secreta. Reconoció sentirse “profundamente incómodo” con la falta de transparencia y prometió reformas al clausurar la Ruta de Respuesta para Afganistán (ARR).
Una revisión interna realizada en 2025, encabezada por el exfuncionario civil Paul Rimmer, concluyó que aunque los talibanes probablemente ya tenían gran parte de la información, la súper orden judicial y el reasentamiento encubierto aumentaron el riesgo al crear nuevos objetivos y suprimir la supervisión democrática.
Las consecuencias legales ya están en marcha: más de 665 afganos planean demandar al Ministerio de Defensa por compensación, y una demanda separada de 1,000 personas ya está en curso. Mientras tanto, la Oficina del Comisionado de Información declaró que no se requiere más acción regulatoria, aunque criticó la gravedad de la filtración.
