La representante Jasmine Crockett (D-TX) está bajo fuego por no haber revelado la propiedad de al menos 25 acciones durante su campaña al Congreso en 2022 y después de asumir el cargo en 2023. El escándalo ha generado preocupaciones éticas y acusaciones de hipocresía contra una legisladora que se presenta como una defensora progresista de la transparencia y la justicia ambiental.
Según registros públicos obtenidos por el Washington Free Beacon, Crockett admitió discretamente poseer las acciones mientras servía en la legislatura de Texas en 2021, pero las omitió en su declaración federal del año siguiente. Los activos no revelados incluían participaciones en Amazon, Johnson & Johnson, AstraZeneca, ExxonMobil y Aurora Cannabis, empresas directamente vinculadas a industrias que ella ha criticado públicamente o buscado regular.
“Las normas de divulgación financiera personal existen para garantizar que los miembros del Congreso no incurran en conflictos de interés mientras trabajan para el pueblo estadounidense”, dijo Caitlin Sutherland, directora ejecutiva de Americans for Public Trust. “Las preocupaciones sobre las grandes discrepancias entre las declaraciones financieras estatales y federales de la representante Crockett son, sin duda, legítimas.”
Crockett, quien en una ocasión calificó el cambio climático como una “crisis existencial”, poseía acciones en ExxonMobil y otras empresas de combustibles fósiles. También impulsó legislación para despenalizar la marihuana mientras tenía vínculos con Black Diamond Investments, una firma de cannabis que intentó abrir dispensarios en Ohio.
De comprobarse, los activos y deudas no declarados de Crockett —al menos 110.000 dólares, según registros estatales— podrían derivar en sanciones por informes financieros inadecuados.
