El paquete para reabrir el gobierno permite a los senadores presentar una demanda contra los investigadores federales si sus registros telefónicos fueron accedidos sin su conocimiento.
La disposición, reportada por The New York Times, sugiere que algunos senadores podrían recibir millones de dólares debido al acceso que el exfiscal especial Jack Smith tuvo a sus datos telefónicos. Según el texto, “cualquier senador cuyos datos del Senado, o los datos del Senado de su oficina, hayan sido adquiridos, citados, registrados, accedidos o divulgados en violación de esta sección, podrá entablar una acción civil contra los Estados Unidos si la violación fue cometida por un funcionario, empleado o agente del gobierno o de cualquier departamento o agencia federal”.
Quienes logren ganar estas demandas podrán recibir 500.000 dólares por cada violación, según el paquete legislativo.
El tribunal también proporcionará “honorarios razonables de abogados y costos del litigio”, así como “cualquier medida cautelar o declaratoria que se considere apropiada”.
Smith y su equipo habrían estado monitoreando los registros telefónicos y ubicaciones de casi una docena de legisladores republicanos, incluidos los senadores Lindsey Graham, Josh Hawley, Marsha Blackburn y Ron Johnson. Los registros muestran que el equipo de análisis celular del FBI realizó un “análisis preliminar de llamadas” de sus comunicaciones durante la investigación de Smith sobre los eventos del 6 de enero en el Capitolio.
Varios republicanos han pedido que Smith sea remitido al Departamento de Justicia por mala conducta profesional tras obtener los datos telefónicos de los legisladores.
“Como parte de la cacería de brujas politizada de Jack Smith, el Departamento de Justicia de Biden emitió citaciones a varias compañías de telecomunicaciones en 2023 sobre nuestros registros telefónicos, obteniendo acceso a la hora, el destinatario, la duración y la ubicación de las llamadas realizadas en nuestros dispositivos entre el 4 y el 7 de enero de 2021”, escribieron los legisladores. “Aún no hemos recibido ninguna justificación legal para que el Departamento de Justicia de Biden emitiera citaciones para obtener estos registros telefónicos.”
