El alcalde de El Cajon, Bill Wells, declaró que la ciudad no “se alineará” con la demanda presentada el viernes por el fiscal general de California, Rob Bonta.
La demanda gira en torno a la negativa de la ciudad de El Cajon a cumplir con la ley estatal al compartir datos de matrículas con agencias policiales federales y de otros estados. Según la ley estatal, las agencias del orden no pueden compartir datos del sistema automatizado de lectura de matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés), argumenta la presentación, ya que el uso de dichos datos está “fuera del alcance de la supervisión y regulación de California”.
Wells afirmó que la demanda “no es más que una maniobra política y un intento de intimidar a una ciudad conservadora por defender la seguridad pública”.
“No me disculpo por proteger a nuestros residentes. La gente de El Cajon espera que sus líderes los mantengan a salvo, no que se rindan ante la última agenda política que sale del Capitolio”, añadió el alcalde. “Las prioridades de California se han invertido: con demasiada frecuencia ponen a los criminales por encima de los ciudadanos respetuosos de la ley. Me niego a ser parte de eso.”
Wells reiteró el valor que la ciudad otorga a mantener seguros a sus residentes, explicando: “Compartir información con socios confiables de las fuerzas del orden es una piedra angular de la labor policial efectiva, y no pediremos disculpas por cooperar con agencias que nos ayudan a atrapar criminales, prevenir delitos y proteger vidas inocentes. En lugar de atacar a las ciudades que están haciendo su trabajo, el fiscal general debería enfocarse en el creciente crimen, la falta de vivienda y la anarquía que aquejan a nuestro estado.”
Bonta dijo en un comunicado al presentar la demanda que El Cajon ha “rechazado de manera consciente y reiterada cumplir con la ley estatal, poniendo en riesgo la privacidad y la seguridad de las personas en su comunidad.”
