La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones al Lex Instituto de Estudos Juridicos LTDA (Lex Institute) por su apoyo al juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes.
“Alexandre de Moraes es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias y enjuiciamientos politizados —incluido contra el expresidente Jair Bolsonaro,” declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “La acción de hoy deja en claro que el Tesoro continuará apuntando a individuos que brinden apoyo material a de Moraes mientras abusa de los derechos humanos.”
El Tesoro explicó que de Moraes utilizó su posición para “autorizar detenciones preventivas arbitrarias y suprimir la libertad de expresión en Brasil.” La esposa de de Moraes también está siendo sancionada.
Las sanciones se alinean con la orden de Donald Trump sobre Enfrentar las Amenazas a los Estados Unidos por parte del Gobierno de Brasil.
“El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, ha abusado de su autoridad judicial para atacar a opositores políticos, proteger a aliados corruptos y reprimir la disidencia, a menudo en coordinación con otros funcionarios brasileños,” establece la orden de Trump. “El juez de Moraes ha autorizado redadas policiales con motivaciones políticas, arrestos y congelamientos de cuentas bancarias. También ha autorizado la confiscación de pasaportes, encarcelado a personas sin juicio por publicaciones en redes sociales, abierto investigaciones penales sin precedentes —incluyendo contra ciudadanos estadounidenses por su discurso protegido constitucionalmente en Estados Unidos— y emitido órdenes secretas a empresas de redes sociales estadounidenses para censurar miles de publicaciones y eliminar docenas de críticos políticos, incluidos ciudadanos estadounidenses, por expresiones legales en territorio estadounidense.”
“Las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Brasil son repugnantes para los valores morales y políticos de las sociedades democráticas y libres, y entran en conflicto con la política de Estados Unidos de promover gobiernos democráticos en todo el mundo, el principio de la libre expresión y de elecciones libres y justas, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos,” declara la orden.
